La seguridad ciudadana una responsabilidad de los gobiernos locales

La seguridad ciudadana en los últimos años se ha convertido en uno de los temas más importantes para los ciudadanos en cualquiera de los países de América Latina, en la medida en que es uno de los problemas que más afectan su bienestar. Contrario a las políticas de seguridad de los estados que predominaron durante las últimas décadas del siglo anterior, este problema debe ser abordado por los gobiernos locales, en coordinación con los gobiernos nacionales y con políticas integrales que deben ir desde los ámbitos preventivos, hasta los coercitivos.

Sin embargo, en términos exactos la seguridad ciudadana, en la mayoría de los casos, se ha reducido a los debates políticos y al aumento y profesionalización de las fuerzas armadas y de los organismos de justicia, sin que se tenga en cuenta a los gobiernos locales, llámense estos municipios, provincias, prefecturas, etc, como actores importantes para enfrentar las problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana. Hoy se puede asegurar que se esta pasando de la seguridad de los estados a la lucha en contra del terrorismo, bajo la dirección de los gobiernos nacionales, dejando de lado los problemas que afectan de manera cotidiana a los ciudadanos comunes y corrientes en su vida, integridad y bienes, así como el manejo local estos problemas .

Cuando se analiza el tema de la seguridad ciudadana a nivel de América Latina, se comprueba que la gran mayoría de los países todavía tienen una organización estatal que responde más a la seguridad nacional (a la seguridad del Estado), que a la seguridad ciudadana. Es decir que a pesar de haberse acabado hace más de 10 años la Guerra Fría, todavía se sitúa la seguridad en términos de los enemigos internos y externos que atentan en contra la estabilidad de los Estados, persistiendo las estructuras y los conceptos que sustentan esta doctrina.

Son muy pocos los países en los cuales las autoridades locales, llámense presidentes de juntas parroquiales, alcaldes, prefectos, tienen responsabilidades constitucionales y legales en materia de seguridad ciudadana. En la gran mayoría la responsabilidad de la seguridad ciudadana recae en el ejecutivo nacional, como es el caso de El Salvador, Ecuador, Venezuela, Perú, entre otros.
En países como Brasil, Argentina y México las autonomías territoriales (estados, federaciones, gobernaciones, etc.) han permitido que este tema se maneje a nivel local, incluso llegando a tener cuerpos policiales propios, con la dificultad manifiesta que no existe o existe muy poca coordinación entre estas autoridades locales, las autoridades de policía y los cuerpos armados nacionales. Suele suceder, en estos últimos países, que el manejo de las problemáticas de seguridad se encuentra fraccionado, por ejemplo, en materia de delitos, mientras las autoridades nacionales atienden delitos transnacionales como el narcotráfico, el lavado de activos, el contrabando, el comercio ilegal de armas y la trata de personas entre otros, los gobiernos locales manejan delitos que afectan la vida, integridad y bienes de los ciudadanos, como son los hechos de violencia y delincuencia cotidianos.

Cabe anotar como, paralelo a lo anterior, las autoridades locales de la mayoría de los países de América Latina no se sienten responsables de estos temas, ni asumen sus responsabilidades, a pesar de que las comunidades, cada vez más, les demandan acciones en estas materias .