El problema de la (in)seguridad es uno de los temas centrales en las agendas públicas de los gobiernos, que han aumentado las políticas tendientes a la prevención y el control del delito, en un marco de transformación de las formas tradicionales de abordarla.
Las llamadas “olas de inseguridad” exhibidas en los medios de comunicación y la selectividad en el tipo de delitos que se expone, contribuye a la producción de diagnósticos simplificadores y al incremento de demandas por parte de la sociedad civil de respuestas rápidas y efectivas al problema.
El problema de la (in)seguridad es enunciado como nue-va cuestión social, a partir de la cual se elaboran diagnósticos con objetivos específicos aplicados al control de la llamada nueva delincuencia.
Las nuevas políticas de pre-vención y la permanencia de prácticas punitivas en el tratamiento del delito no necesariamente son excluyentes; redefinen, por medio de nuevas articulaciones, el campo de intervención y las nuevas formas de tratar el delito en las sociedades contemporáneas.
El enfoque con que se ha tratado la seguridad pública estuvo hasta hace poco tiempo estrechamente vinculado al sistema policial. Se interpretó que la seguridad ciudadana debía ser garantizada principalmente por las instituciones policiales. El incremento de los delitos denunciados junto con el aumento de la sensación de inseguridad de la ciudadanía, sumado a una carencia de respuestas y políticas integrales en materia de seguridad, contribuyen a generar amplios márgenes de autonomía de las fuerzas policiales frente a los órganos de gobierno.
Paralelamente a la autonomía cada vez mayor de las fuerzas policiales y la exacerbación en el uso de la fuerza, la falta de estrategias integrales para el tratamiento de la inseguridad, contribuyen a poner en cuestión los modos tradicionales de tratamiento del delito. En consecuencia, la crisis de legitimidad de las instituciones policiales, el aumento del mercado privado de seguridad y las limitaciones de las políticas públicas para dar respuesta al problema, han puesto a dicha problemática en el orden del día de la agenda política y estatal y en el centro del debate público.
Comienza a adquirir mayor injerencia la participación de la comunidad en las políticas de control del delito. La convocatoria a dicha participación por parte del Estado se presenta como un mecanismo novedoso en relación a como ha sido abordado tradicionalmente el tema de la seguridad.
Este proceso se traduce, en términos discursivos, en un cambio de paradigma de la seguridad pública a la seguridad ciudadana, y en la práctica, en una búsqueda de mayor participación de la ciudadanía en las políticas de seguridad.
Brigadas Barriales
Desde la recientemente creada Dirección Nacional de Policía Comunitaria, y el Acuerdo Ministerial 1845 firmado por el Ministro del Interior, en Ecuador las Brigadas Barriales de Seguridad Ciudadana deben involucrarse en acciones netamente preventivas, proactivas, educativas.
Su ámbito de actuación en correspondencia, con los barrios y las jurisdicciones de Policía en los Distritos, Circuitos y Subcircuitos. Su objetivo: impulsar un “modelo de seguridad democrática” por medio de la participación de la ciudadanía interesada en la seguridad ciudadana.
La implementación de este mecanismo participativo representa la puesta en práctica de nuevas respuestas para tratar al problema de la inseguridad, no sólo por el énfasis en la participación ciudadana, sino también por la implementación de políticas públicas de seguridad y control del accionar policial. Asimismo, supone una transformación en la relación entre la sociedad civil y el Estado, en sus Cinco Niveles de Gobierno, en lo que respecta a la materia.
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